lunes, 23 de septiembre de 2013

La fianza se produce en vísperas de que declare el sucesor de Lozano en la Dirección General de Presupuestos

ANDALUCÍA / CASO ERE
La juez Alaya impone 46 millones de fianza al exviceconsejero de Presidencia 
MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA Día 23/09/2013 - 12.15h

Alaya le imputó el pasado jueves delitos de prevaricación y malversación 

VANESSA GOMEZ El exviceconsejero de Presidencia Antonio Lozano (derecha), a su llegada a los Juzgados de Sevilla

La juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos no ha tardado en dictar la fianza de responsabilidad civil para el exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos, Antonio Lozano, que el pasado jueves protagonizó un sonoro rifirrafe con la instructora.

Según han confirmado fuentes judiciales, Alaya ha impuesto a Lozano una fianza de 46 millones de euros. Para ser exactos la cantidad asciende a 46.666.666 euros y se produce después de que la juez le imputara sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La fianza se produce pese a que la Fiscalía Anticorrupción no la solicitó ya que solo la pidieron las acusaciones particulares del PP y Manos Limpias. Leer entero.

 Alaya cree que Antonio Lozano podría haber impedido el desvío de fondos 
La juez le impone una fianza de responsabilidad civil de 46,6 millones
Lozano está imputado por presuntos delitos de prevericación y malversación
En su declaración la juez Alaya le reprochó estar haciendo 'teatro' Alaya asegura que debió conocer el uso de las transferencias de financiación
La juez le atribuye tramitar modificaciones presupuestarias por 57 millones
Europa Press | Sevilla Actualizado lunes 23/09/2013

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes". Leer entero.

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