Gerardo Pisarello / Jaume Asens
Público
En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos, considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.
La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para las que la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible... Leer entero.
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