empresas que recogen beneficios pero que dejan en manos de la sociedad las pérdidas y las basuras

La empresa sueca se escaquea
Boliden no pagará nada por el vertido de las balsas de Aznalcóllar

Público

Según informó ayer el Diario Público, Boliden seguirá sin pagar por la catástrofe medioambiental de Aznalcóllar (Sevilla) en abril de 1998 ya que una resolución de 10 de noviembre del Tribunal Supremo ha confirmado otro fallo de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba la reclamación de la Junta de Andalucía por el que reclamaba a la compañía el pago de los costes provocados por la rotura.
El día 25 de abril de 1998 -hace ahora más de 13 años- la balsa de residuos de metales pesados de la mina de la empresa Boliden-Apirsa de Aznalcóllar se rompió. El vertido que se produjo llegó rápidamente al Guadiamar, que fluye hacia el Parque natural de Doñana [1].

Ello provocó que la Administración Pública se tuviera que hacer cargo de la limpieza de un entorno en el que se habían provocado importantes destrozos ambientales.

Después, la Junta de Andalucía reclamó a Boliden el pago de los costes que tuvo esta limpieza. Pero la empresa dijo que no pensaba pagar los 45 millones de euros que se le reclamaban y que si el gobierno español persistía "en su empeño desvelarían al verdadero culpable de la tragedia" [2].

Sorprende que todavía hoy este asunto esté coleando, pero parece que cuando se tiene el suficiente capital para pagar todos los abogados necesarios y buscar todas las "triquiñuelas" posibles para eludir las responsabilidades provocadas por la mala gestión de una actividad empresarial privada, es posible mantener un litigio durante los años que sea necesario.

Nos suena esta lógica, en Huelva está por ver que Fertiberia se haga cargo, siquiera, de una mínima parte de la regeneración del desastre ambiental que ha provocado el vertido de fosfoyesos que, durante años, ha venido haciendo, Acerinox repartió cenizas radiactivas por doquier y con eso parece haber hecho desaparecer su responsabilidad, del "chapapote" del vertido del Prestige se hicieron cargo los voluntarios y, por supuesto, las administraciones, la responsabilidad de la empresa responsable quedó diluida en el mar y en una complicada maraña de tratados internacionales.

Empresas que piden garantías jurídicas para sus actividades y que realmente están pidiendo inmunidad, empresas que recogen beneficios pero que dejan en manos de la sociedad las pérdidas y las basuras, por supuesto. ¿Podría ser de otra manera?