El puerto de Santa María hay 5000 viviendas ilegales.

El Puerto propone quitar las sanciones a casas ilegales
Viene de elpais.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 18/04/2011


El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz, 88.503 habitantes) pretende suspender los expedientes disciplinarios contra las 5.000 viviendas ilegales contabilizadas en su término municipal. El gobierno, del PP y PA, anunció ayer esta medida aunque reconoció que no le será fácil aplicarla. No podrá aprobar una suspensión general sino que lo hará caso por caso. Con esta medida pretende que los dueños de casas en zonas que el nuevo plan general ya considera urbanizables se libren de derribos y multas económicas. La medida contradice la doctrina de algunas sentencias y la postura de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre urbanismo irregular.

"No es justo continuar con unos expedientes de restauración de una legalidad marcada por un planeamiento que va a cambiar y que ya ha asumido estas construcciones en el modelo de ciudad", afirma el Ayuntamiento, que ya ha aprobado provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que considera urbanizables algunas de estas zonas y, por tanto, da vía libre a futuras construcciones. Pero el gobierno municipal cree que también avala la legalidad de lo ya levantado.

Primero, suspensión
"Dado el estado de tramitación del PGOU no sería proporcional la demolición, y si no es exigible la demolición, tampoco lo serían las multas", sostiene la concejal de Urbanismo, Patricia Ybarra. Si se aplica esta medida, los expedientes disciplinarios se suspenderían pero no se cerrarían hasta que el plan sea aprobado definitivamente por la Junta.

Es una medida que contraviene la doctrina del Tribunal Supremo en casos como el de Las Beatillas. En el fallo judicial que ordena su derribo, rechazaba que la demolición sea una medida "desproporcionada" y consideraba que evitar el derribo supondría ratificar "una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable". También la Fiscalía de Medio Ambiente se ha posicionado en contra de condonar las casas ilegales por fomentar "el efecto llamada" sobre este tipo de delitos.