El escándalo de los ERE financiados con dinero de la Junta de Andalucía obliga a los socialistas a cortar cabezas. No hay duda de que los fondos públicos destinados a empresas inmersas en recortes de empleo se gestionaron con total falta de transparencia y ello permitió, como mínimo, colar a 39 falsos prejubilados en los expedientes. Como implicado directo aparece un ex director general de la Junta, Javier Guerrero, pero es evidente que sus superiores deben asumir responsabilidades políticas. De momento, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández se han defendido con un pobre argumento: ellos no sabían nada. Faltaría más. Es que si llegan a saber, serían cómplices de las irregularidades. Pero la ignorancia no les libra ni de la culpa in vigilando, pues los hechos ocurrieron en sus consejerías, ni de la responsabilidad política por haber nombrado a las personas que cometieron los fraudes.
Es de agradecer, eso sí, que los socialistas andaluces no se dediquen a organizar homenajes a los presuntos corruptos, ni se inventen falsas campañas de espionaje desde chiringuitos playeros, ni se lancen a difamar a la jueza que investiga el caso. Causa vergüenza ajena observar a los dirigentes del PP pedir cuentas por los falsos ERE, mientras ellos despliegan la mayor campaña de amparo de la corrupción organizada en 35 años de democracia. Y es que en el PP no dimiten los presuntos delincuentes, como Francisco Camps, y tampoco asumen responsabilidades políticas Mariano Rajoy o Esperanza Aguirre por rodearse de los principales implicados de la Gürtel.
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