En pocos días empieza el primero de una serie de desahucios en Marmolejo, es necesario que entre todos hagamos "piña" frente a esta situación.

El día 8 y el 25 la Plataforma del 15 M junto a vecinos y todo el que quiera asistir, vamos a intentar parar los desahucios, o al menos manifestar nuestro apoyo a estas familias y el rechazo a la injusticia que es dejarles en la calle. Todos tenemos derecho a una vivienda digna, si no en propiedad en alquiler, no es pedir demasiado, pero la calle no es sitio para tirar a nuestros vecinos, debe de haber algún amparo, que menos que sientan nuestro apoyo.


Un matrimonio de setenta años, desahuciado por avalar a su hija
MIÉRCOLES, 02 DE NOVIEMBRE DE 2011 12:34 DIARIO JAEN NOTICIAS PROVINCIALES

Nuria López Priego/Marmolejo
El drama de la crisis surca la frente del marmolejeño Enrique Soriano. En 2008, vio cómo quebraba su empresa y, ahora, fruto de préstamos y de una hipoteca a los que no puede hacer frente desde el paro, se enfrenta no solo a que su familia se quede en la calle el próximo día 25, sino que ha visto cómo sus suegros han perdido la suya por avalar sus negocios.

Enrique Soriano y Rosalía Pérez,
en la vivienda que les reclaman. Foto: Agustín Muñoz.

“Esto es una cadena. Detrás de uno va otro”, se lamenta el marmolejeño Enrique Soriano. Como fichas de dominó que se desploman bajo el dedo implacable de la crisis, cada día, y según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se realizan en España 178 desahucios. 178 desalojos con nombres y apellidos y con rostros como los de los marmolejeños Enrique Soriano, su mujer, Rosalía Pérez, y los padres de esta, dos septuagenarios, que, de la noche a la mañana, se han visto obligados a dejar la casa en la que pasaron los últimos 43 años de su vida por haber avalado a su hija y a su yerno en una serie de préstamos a los que no han podido hacer frente.

En el salón en penumbra de una vivienda sobre la que pesa una orden de desahucio, Enrique Soriano señala 2008 como el año en el que todo “empezó a ir mal” y la empresa familiar que dirigía, Pinturas Labarpin, S. L., quebró lastrada por la suspensión de pagos de la firma burgalesa que, hasta entonces, le había suministrado el grueso de los contratos y para la que, como empresa subcontratada, había realizado importantes trabajos en toda España. “Nunca tuvimos problemas con este grupo”, repite Soriano. Pero Labarpin no se repuso nunca de la caída de la matriz y, poco a poco, no solo pasaron a la historia la quincena de puestos de trabajo que llegó a generar y los hasta 500.000 euros de facturación al año que certificó en los tiempos de bonanza, sino que el marmolejeño se quedó con unos 80.000 euros “colgados” en concepto de trabajos impagados y con la necesidad de refinanciar la “poquita infraestructura” con la que contaba su propia sociedad. Unos 120.000 euros —entre líneas de descuento, tres coches y otras operaciones— que estaban repartidos entre dos entidades financieras distintas. Por eso, para intentar refinanciar la deuda, lo primero que hizo el matrimonio Soriano Pérez fue traspasarla toda a una de las dos, en este caso, CajaSur. Pero nadie da duros por pesetas. “Las garantías que das son tu casa y el aval de mis suegros”, indica Enrique. “Y fue un error”, reflexiona arrepentido. Después de la quiebra de Labarpin, el marmolejeño constituyó, con otros dos oficiales, otra sociedad limitada, pero la recesión se la tragó. Y, en el epicentro de una crisis que barre todo como si de un tornado se tratara, Enrique Soriano lleva más de un año en paro, sin prestación alguna y con la amenaza pendiendo sobre su familia de la ejecución de una hipoteca que también ha absorbido a sus suegros.

Las dos casas fueron embargadas hace un año y, el pasado mes de marzo, CajaSur se las adjudicó, en subasta pública, “por la mitad de su valor de tasación”, denuncia Soriano. En el caso de su vivienda, unos 90.000 euros, y en la de sus suegros, 60.000. Aparte, hace dos semanas, les llegó la temida carta de los desahucios. El de sus suegros, para el próximo día 8, y la de ellos, con los dos hijos de 16 y 12 años de edad a su cargo, para el 25. Pero “lo peor —se queja el marmolejeño— es que el banco nos sigue pidiendo el dinero y, con eso, nuestra vida está hecha mixtos”. “Nos están condenando a la economía sumergida”.
El problema más urgente, no obstante, es el desahucio. Si bien sus suegros ya han encontrado una casa alternativa, ellos podrían verse en la calle el día 25. Para evitarlo, dice Soriano: “Le hemos pedido a CajaSur que nos dé un margen de seis meses para encontrar casa y también un trabajo, que nos alquile esta, o incluso el alquiler con opción a compra, pero se niega”.

Apoyo del Ayuntamiento y del 15M ante el desalojo
“Yo sé que me voy a ir al final”. Enrique Soriano y su familia han asumido que, después de seis años viviendo en la calle Sur de Marmolejo, tarde o temprano, tendrán que dejar la casa. Pero no se cansan de pedir “un margen” al banco. “Lo que queremos es que se den cuenta de que no ganan nada teniendo una casa cerrada y que estaríamos dispuestos a pagar un alquiler sin que eso signifique que la casa deje de estar en venta”. Hasta ahora, CajaSur se ha cerrado en banda. Pero Enrique y Rosalía no están solos en una reivindicación que creen “lógica”. Cuentan con el apoyo del equipo de Gobierno local, cuyo alcalde, Bartolomé Soriano, se ha comprometido a mediar con la entidad financiera, y también con el respaldo del movimiento 15-M de Andújar. Este periódico no pudo contactar con los portavoces del colectivo, pero sí lo hizo con Francisco Blanca, del grupo de desahucios del 15-M de la capital, y sobre este caso, indicó que los objetivos se centran en conseguir “un alquiler asequible hasta que uno de los que están en proceso de desahucio encuentre trabajo”. También se mostró especialmente sensibilizado con la situación de los padres de Rosalía Pérez, que, con 78 años el padre y 73, la madre, han perdido su vivienda por avalar a su hija y a su yerno.
Blanca recordó, haciéndose eco de los datos del Consejo General del Poder Judicial, que, desde que comenzó la crisis, en 2007, en España, se han realizado cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias. “El tiempo estimado de duración del proceso es de uno o dos años y la previsión es que ahora comience la oleada de desalojos”, vaticinó. Por ello, para atajar esta situación, indicó: “Deben establecerse medidas preventivas”. Y, fundamentalmente, apeló a la necesidad de que toda la sociedad, desde vecinos, hasta políticos y los propios empresarios, hagan piña en situaciones que ve “injustas”.