¿Cuantos Guerreros no habrá sueltos en el Psoe?

LA TRAMA DE LOS ERE
La juez da diez días a 15 'intrusos' y una empresaria para que designen sus bienes con destino a embargo

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez Mercedes Alaya ha concedido a 16 de los imputados por la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, un plazo de diez días, para que "designen los bienes de su propiedad en los que se pidan que se trabe embargo" por las cuantías insatisfechas de las fianzas que previamente les fueron impuestas. Entre ellos, cuyas fianzas suman 4.797.561 euros tras haber comparecido ante la juez, figuran supuestos falsos prejubilados o 'intrusos' como el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) o la propia suegra del exdirector de trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al haber eludido las subvenciones la preceptiva fiscalización.

LA TRAMA DE LOS ERE

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.

Pues bien, como se recordará, en un auto fechado el pasado 30 de noviembre de 2011, la juez imponía a los 16 imputados que, por aquel entonces, habían prestado ya declaración ante ella, --15 'intrusos' en expedientes de regulación de empleo y la propietaria del restaurante sevillano Río Grande--, fianzas por un valor global de 4.797.561 euros. En el mismo auto, recogido por Europa Press, la juez avisaba de que ordenaría un embargo de bienes a estos imputados en el caso de que no fuesen satisfechas las fianzas estipuladas.

FIANZAS MILLONARIAS

A Carmen García Sánchez, la dueña del citado restaurante, impuso por ejemplo una fianza de 1.990.689,36 euros, imponiendo igualmente una fianza de 146.770,68 euros al exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), y otra de 258.539,91 euros a Victorina Madrid Pisabarro, suegra del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por orden de la juez como pieza clave en la investigación a cuenta del cargo que ejerció entre 1999 y 2008.

Con relación a este auto, la juez ha emitido el pasado 12 de marzo de 2012 un nuevo auto recogido por Europa Press y en el que, de nuevo, señala a estos 15 'intrusos' y a la dueña del restaurante Río Grande para concederles "el plazo de diez días para que (..) designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo, por las cantidades que a cada uno le falten por consignar (...), de tal forma que si nada se manifestara en dicho plazo, se procederá a la búsqueda integral de los bienes sobre los que trabar embargo".

El facultativo ha sido absuelto de todos los cargos y con todos los pronunciamientos favorables.

Un médico acusado de imprudencia en la muerte de un joven sale absuelto
VIERNES, 10 DE FEBRERO DE 2012 12:03 GESTORDJ JAÉN - NOTICIAS LOCALES

La Justicia ha resuelto que el médico que atendió a un joven que murió en Marmolejo como consecuencia de una intoxicación etílica no tuvo responsabilidad alguna en la muerte. 'El diagnóstico y el tratamiento fueron los adecuados', explica la sentencia del Penal número 2 de Jaén. Por ello, absuelve al facultativo de todos los cargos.

Una borrachera letal segó la vida del joven David Alexandre Borreicho. Tenía tan solo 16 años. En la Nochebuena del año 2005, este adolescente, de origen portugués, estuvo en un bar con unos amigos de Marmolejo, el pueblo en que residía su familia. Bebió tanto que sufrió una intoxicación etílica aguda. Alrededor de las doce de la noche, una ambulancia tuvo que llevarlo al centro de salud. Allí fue atendido por el médico que estaba de guardia aquella madruga. Le puso suero y dos ampollas de vitamina B1 y B6. Y lo mantuvo en observación durante dos horas. Después, le dio el alta y lo mandó a casa junto a su madre. No obstante, el chico falleció entre las siete y media y las ocho y media de la mañana.

Para la Fiscalía y la familia de David Alexandre Borreicho, la actuación del médico no fue correcta. De hecho, lograron que el doctor se sentara en el banquillo, acusado de un delito de homicidio por imprudencia. El Ministerio Público solicitó una condena de dos años de cárcel, mientras que los padres del adolescente pidieron el máximo castigo: cuatro años de prisión. No obstante, el facultativo ha sido absuelto de todos los cargos y con todos los pronunciamientos favorables. Leer entero.

¿De qué tienen miedo en la Junta?

La juez ha metido el dedo en la llaga.

La Junta rechaza enviar a la juez del 'caso ERE' las actas de los consejos de Gobierno desde 2001
El Gobierno andaluz ofrece toda la documentación relacionada con la investigación de los expedientes irregulares
Viene de elpais.com - L. LUCIO / J. MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 29/03/2011

El Ejecutivo andaluz ha anunciado esta mañana que no entregará a la juez Merecedes Alaya las actas de los consejos de Gobierno de los últimos 10 años, tal y como solicitó la magistrada como parte de la investigación de los presuntos fraudes cometidos en los Expedientes de Regulación de Empleo. El Ejecutivo autónomo entiende que la petición de la juez, dado a conocer en un auto del pasado 21 de marzo, es además de "inédito", "va más allá de lo razonable", al no solicitar de "manera motivada" su requerimiento.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha asegurado que los Servicios Jurídicos del Junta de Andalucía consideran imposible "levantar la reserva con carácter general e indiscriminado" de las actas de todas las reuniones de todos los gabinetes de los últimos años, tal y como había solicitado la juez. Mercedes Ayala acusó al Ejecutivo que dirige José Antonio Griñán de "cierta falta de colaboración". La portavoz ha anunciado que el Ejecutivo andaluz enviará al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla un "requerimiento de incompetencia" acompañado de una oferta para enviarle todos los informes y acuerdos adoptados "sobre el caso que nos ocupa". Según Mar Moreno, el Ejecutivo autónomo incumpliría la ley de Gobierno de la comunidad si diera todos los documentos a la juez, ya que el artículo 31. 1 señala: "Los documentos que se presenten al Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado hasta que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos".

El Gobierno regional no considera necesario aportar a la magistrada los acuerdos administrativos relacionados con otros asuntos. Y le ha pedido a la juez Alaya que concrete qué información es la que requiere. Leer entero.

Se abre una puerta a la esperanza.

DACIÓN EN PAGO | En Navarra
Una sentencia avala por primera vez la entrega del piso al banco a cambio de la deuda

Encabezamiento del auto 111/2010. | Elmundo.es
Un juez navarro considera que entregar el piso al banco salda la hipotecaria
Elmundo.es | Madrid
Actualizado miércoles 26/01/2011

Ya hay jurisprudencia que ampara la dación en pago. Una sentencia de un juzgado de primera instancia navarro avalado por la Audiencia Foral defiende que entregar el piso al banco liquida la hipoteca, en contra de lo que establece la Ley Hipotecaria española, que fija una garantía doble -la casa y la deuda en sí- como cobertura de los créditos hipotecarios.

Es la primera vez en España que un juez da la razón a un ciudadano que decidió entregar las llaves de su vivienda al banco, el BBVA, a cambio de la cancelación de su hipoteca. [Lea la sentencia]

El contrato reconocía que valoraba la finca "en una cantidad que era superior al principal del préstamo", recoge la sentencia
La entidad vasca siguió exigiendo los pagos mensuales al propietario moroso cuando ya se había quedado con la vivienda tras la celebración de una subasta, hecho que, para el juez, ya cubría la deuda reclamada.

La sentencia destaca que el banco recoge en la escritura de préstamo hipotecario que valoraba la finca "en una cantidad que era superior al principal del préstamo (…) Siendo ello así, es atendible las razones por las cuales la juzgadora de instancia no considera oportuno en este caso continuar la ejecución, por entender que el valor de la finca, no obstante, el resultado de la subasta, es suficiente para cubrir el principal de la deuda reclamada e incluso encontrándose por encima de dicho principal".

'Afectados por la hipoteca'

La noticia sobre la sentencia navarra coincide diferentes protestas colectivas y acciones judiciales en favor de la dación en pago, una práctica legal en Estados Unidos y aceptada durante años precedentes por las entidades bancarias españolas, especialmente en el caso de población migrante que retornaba a su país.

Hace una semana, una veintena de ciudadanos agrupados en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se manifestó delante de una oficina de La Caixa del Penedés en L'Hospitalet de Llobregat para reclamar la suspensión de la subasta del piso de una familia sin ingresos de Nou Barris.

Hace una semana, una veintena de ciudadanos se manifestó delante de una oficina de una caja en favor de la dación en pago
La plataforma buscaba para esta familia una solución intermedia entre el embargo que han puesto en práctica otras entidades financieras: asumir la titularidad de la vivienda a cambio de cancelar la deuda y, a la vez, permitir la familia residir en la casa en alquiler con una opción de compra en un plazo razonable. Una opción descartada por la caja.

En Seseña como en todos los sitios terminará imperando la ley frente a los pelotazos y los alcaldes corruptos.

La audiencia provincial de Madrid respalda la denuncia para investigar a "El Pocero"
La denuncia fue interpuesta por Cayo Lara y otros dos dirigentes de IU

España | Tercera Información | 24-11-2010 |

La Audiencia Provincial de Madrid respalda la denuncia que Cayo Lara junto con otros dos dirigentes de IU interpusieron en los juzgados durante el pasado año 2006 para investigar la macrourbanización que Francisco Hernando, más conocido como "El Pocero", pretendía construir en Seseña con el apoyo del PP y el PSOE.

Además la Audiencia Provincial de Madrid "ha dictado un auto en el que acuerda desestimar el recurso de apelación de Hernando contra el auto del Juzgado de Instrucción 43 de Madrid, del pasado 20 de agosto, en el que su titular, Coro Cillán, acordaba el “sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones” por la denuncia de ‘el Pocero’ contra el coordinador federal de IU, Cayo Lara, el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y el ex secretario de Organización de IU Federal, Manuel Cámara, por un supuesto delito de denuncia falsa", han expresado desde la coalición de izquierdas.

IU considera que "el auto echa por tierra de forma contundente la estrategia judicial desplegada por Francisco Hernando contra los dirigentes de Izquierda Unida y su ataque directo contra Cayo Lara, Manuel Fuentes y Manuel Cámara por haber cumplido con su obligación de denunciar a Anticorrupción cualquier supuesto indicio de delito para que pudiera actuar la Justicia".

Francisco Hernando, "El Pocero", intentó que la denuncia de los 3 dirigentes de IU para investigar su macroproyecto no llegase a buen puerto recurriéndola como falsa, pero la justicia le ha respondido que, para considerar una denuncia falsa es necesario que "exista intención delictiva, esto es, conciencia de que el hecho denunciado es delictivo y falso, es decir, que la acusación o denuncia se haya hecho con mala fe del sujeto activo (...) Pues bien, los hechos que denunciaron Manuel Fuentes, Cayo Lara y Manuel Cámara no fueron inventados (…) No estaban obligados a realizar una instrucción previa. Esa obligación compete a la administración de justicia. Había indicios suficientes para sospechar una actuación delictiva, que justificaban la presentación de denuncia. No obraron de forma dolosa. Nada apunta a que denunciaran con voluntario desprecio a la verdad".

El auto también sustenta fuertemente la denuncia de corrupción de Izquierda Unida (IU), "la Fiscalía, tras instruir Diligencias Informativas 5/06, terminó presentando denuncia que correspondió al Juzgado de Instrucción 4 de Illescas, únicamente contra José Luis Martín Jiménez” (que fue alcalde de Seseña en representación del PSOE entre 1999 y 2003).

"En efecto –señala el auto-, todo indica que el alcalde de Seseña, José Luis Martín Jiménez, en el procedimiento de recalificación urbanística iniciado el 19-11-02, por parte de la empresa ONDE 2000, SL., dentro del PAU de El Quiñón, que supuso la recalificación de 1.833.147 m2, de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes, frente a los 8.000 que estaban censados en el municipio al tiempo de la presentación de dicho programa, se vio beneficiado en gran medida, teniendo un importante enriquecimiento del referido alcalde y de sus familiares directos, pues realizó un desembolso en efectivo de 77.208,88 € y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 € para la compra de dos viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000, SL., vincula a ONDE 2000 SL, sociedad a la que había sido adjudicado el Convenio Urbanístico de El Quiñón."

Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar.

Esto que no tiene nada que ver con los vecinos, da una idea de quién tiene la responsabilidad última ante cualquier contingencia en Urbanismo. No prever, no vigilar, no regular, no anticiparse a los problemas, en definitiva, no hacer nada, tiene su responsabilidad y sus consecuencias. Estamos ante otro ejemplo de desgobierno, pero peor, porque lo que ha pasado en Marmolejo alguien tiene que explicarlo. No es solo una negligencia más, es un despropósito mantenido en el tiempo hasta que ha reventado, mantenido por conveniencias partidistas y electoralistas, enredando a los vecinos en una espiral de ilegalidades imposible de ocultar y de mantener. Ahora además y para colmo, en vez de apechugar con las consecuencias y asumir responsabilidades, se tiran balones fuera y se intenta que pague todo el mundo menos el que ha delinquido, el responsable último al que todos conocemos.

Inhabilitan seis meses al alcalde de Quesada por no perseguir viviendas ilegales


Manuel Vallejo en el Ayuntamiento de Quesada.

Le condenan por Delito de omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos

Jaén

El alcalde socialista del municipio jiennense de Quesada, Manuel Vallejo, ha sido condenado a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos en su término municipal.

A pesar de ello, el regidor ha insistido en su inocencia y ha anunciado su intención de recurrir ante la Audiencia Provincial de Jaén la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número uno de la capital. "Tengo la conciencia muy tranquila. Siempre he actuado conforme a la legalidad vigente y en defensa de los intereses de mi pueblo y de mis vecinos", ha asegurado.

En este sentido, Vallejo ha precisado que "ha estado persiguiendo" la aparición de construcciones ilegales "con los medios y recursos" de los que ha dispuesto y que, según ha hecho hincapié, "son limitados".

"Tengo un aparejador y siete policías locales. Dos están de baja y en el servicio de día sólo hay uno y dos, en el de noche, por lo que es muy difícil controlar que se cumpla la legalidad urbanística, especialmente en un municipio que tiene uno de los términos más extensos de la provincia, con diez aldeas, por ejemplo", ha destacado.

Hay muchos Marbellas y muy pocas Malayas. Y es que siempre ha habido clases...

Hoy ha empezado el esperado juicio de el caso Malaya. Solo superado por el del 11-M en gravedad, se podría pensar que es el padre de los juicios contra la corrupción, por la extensión del sumario, por el número de imputados, por las cantidades de años de cárcel y por las cifras millonarias que se manejan. Tiene todos los ingredientes para que si en España se estuviera viviendo una situación de "normalidad" social y económica, nos hubiera tenido interesados y entretenidos a los españoles durante meses. Desgraciadamente tenemos en mente temas más perentorios que requieren todo nuestro interés.
Parece que la prensa del corazón, rosa o amarilla, como quieran llamarla, ha encontrado su filón particular de noticias y los imputados salen y entran a los juzgados como si de estrellas de cine se tratara, y es que la frivolidad española a la hora de tocar temas serios solo es equiparable a la trascendencia mediática que se le da a las estupideces, ya se sabe, la televisión colaborando en lo que puede a la hora de hacer del español medio un prototipo de autómata, sin criterio para lo importante y consumidor compulsivo de todo lo que sea basura mediática. Algún día hablaremos de ese cómplice necesario para convertir a las personas de ciudadanos con derechos y dueños de su futuro en consumidores y contribuyentes manipulados por el poder y los medios.
Hoy se puede decir que, de la nidada de ratas que asaltaban el granero, se va a empezar a dirimir cuanto se llevaba cada una, como y desde cuando y en  función de ello se les impondrán los castigos pertinentes, ojalá haya justicia, y haya penas y se cumplan y no les haya merecido la pena a los chorizos el cometer el delito.
 Pero lo que no ha habido es la progresión, extensión y repercusión que se esperaba o al menos que esperábamos muchos ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra piel de toro.
Muchas personas, que no se conocen entre si, en muchos lugares de España, llegaron a albergar las mismas esperanzas. Personas que sufren los mismos problemas y que necesitan idéntica solución. Personas que ven en sus pueblos y ciudades, corrupción en mayor o menor grado y que a raíz del caso Malaya esperaban que las investigaciones se generalizaran, que las puertas de los ayuntamientos se abrieran al aire fresco de la justicia y que los profesionales corruptos del pelotazo fueran perseguidos como se merecen y juzgados para público escarnio.
En su momento se hicieron algunas actuaciones en casos muy escandalosos en los que ediles de uno y otro partido, PP y Psoe, se veían implicados, y con el tiempo y el empate chanchullero técnico, cejaron en el empeño y los aspavientos, hasta casi caer en el olvido, el tema de las corruptelas municipales, y ¡ya está!, un buen día se deja de hablar de ello y aquí paz y después gloria.
A partir de hoy, se volverán a tirar los trastos a la cabeza los partidos del Bipartito Nacional, PP y Psoe, escenificando rivalidades e interés por la transparencia y felicitándose por que este tema no los pilla de lleno, al mismo tiempo que escurrirán el bulto de posibles responsabilidades supramunicipales.
En el fondo el truhan de Roca, que seguro que ha tenido tiempo de reflexionar, es posible que haya llegado a la conclusión de que su error fue montar el chiringuito sin tener el padrino adecuado, a estas alturas lo habrá lamentado mil veces, jurando que si volviera a nacer, seguro que volvería a hacer lo mismo (no hay ninguna actividad más productiva que el robo), pero las siglas bajo las que se amparara no serían las mismas, por lo que los resultados tampoco. No es lo mismo untar a un tal Julián Muñoz que a Don... y es que siempre ha habido clases y el que lo olvida, lo paga.

IU propone medidas estructurales para acabar con la corrupción mediante un pacto social y de Estado
El concejal y portavoz del grupo municipal de IULV-CA, Enrique Monterroso, coincidiendo con el inicio del juicio por el caso 'Malaya' ha solicitado que los poderes públicos "se comprometan a orquestar medidas para fomentar un gran pacto social y de Estado dirigido acabar con la corrupción que está dinamitando la democracia y los derechos de los ciudadanos".

EUROPA PRESS. 27.09.2010
El concejal y portavoz del grupo municipal de IULV-CA, Enrique Monterroso, coincidiendo con el inicio del juicio por el caso 'Malaya' ha solicitado que los poderes públicos "se comprometan a orquestar medidas para fomentar un gran pacto social y de Estado dirigido acabar con la corrupción que está dinamitando la democracia y los derechos de los ciudadanos".

Así, Monterroso, que ha apuntado que quiere huir de la vertiente de "espectacularización" en torno a la causa; ha asegurado que va a centrarse en la relevancia que tiene la operación 'Malaya' como "epicentro del terremoto de corrupción que salpica a los ayuntamientos y administraciones públicas, con réplicas por todo el territorio: Gürtel, Astapa o los múltiples escándalos en Baleares o Canarias son claros ejemplos de estas afirmaciones".

Por ello, ante la "gravedad" de estos casos y los "perjuicios" que causan a la ciudadanía y al modelo democrático es "lamentable que hayan transcurrido más de cuatro años desde el estallido de Malaya y sus repercusiones sin que se hayan tomado medidas contundentes y coordinadas desde todos los ámbitos del Estado", porque, a su juicio, "no basta con la acción policial y judicial"

De esta forma, Monterroso, en un comunicado, ha argumentado que "es preciso transformar las instituciones públicas y sus estructuras y dinámicas de funcionamiento", para que "la especulación urbanística, las adjudicaciones de contratos y el tráfico de influencias dejen de ser la punta de lanza de la acción corrupta de los gobiernos".

En este sentido, junto a las medidas de carácter estructural, desde la coalición pidieron que "además de toda la dureza legal para la fijación de las condenas a los imputados, este caso sirva también para acabar con la impunidad y malestar de los ciudadanos al comprobar que los culpables nunca devuelven el patrimonio robado y, mucho menos, que estas sumas reviertan en acciones que sirvan para resarcir de los equipamientos y servicios públicos de los que fueron privados".

El sentido de la justicia de Rajoy, va por libre.

GÜRTEL
Lara (IU) dice que Rajoy "desprecia" al Estado de Derecho con sus declaraciones en defensa de Camps

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU, Cayo Lara, consideró hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "desprecia" al Estado de Derecho con sus declaraciones en defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras asegurar que éste será el candidato del partido en las elecciones autonómicas del próximo año ya que no se cree "lo de los tres trajes".

En rueda de prensa en Sevilla, momentos antes de reunirse con economistas andaluces, Lara afirmó que con esta afirmación Rajoy se pasa una "raya roja importante" en este país al "despreciar" al Estado de Derecho, ya que, según dijo, "puede ocurrir que la Justicia llegara a condenar a este señor".

En esta línea, el máximo dirigente de la federación de izquierdas indicó que dicha aseveración denota realmente el "escore" que "cada vez más" está teniendo el presidente del PP hacia posiciones "de extrema derecha".

A ver si termina el caso Garzón y a trabajar.

El juez Varela expulsa del proceso contra Garzón a Falange
El partido no podrá formar parte de la acusación popular en el caso de la investigación de las víctimas del franquismo.- El Supremo desestima las peticiones de recusación de las asociaciones de memoria
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/04/2010 /elpaís.com

El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela ha expulsado a Falange Española de las JONS como acusación popular en el proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. Según Varela, la formación política no ha subsanado su requerimiento de corregir su escrito de acusaciones en el que pedía 20 años de inhabilitación para Garzón, según ha confirmado Fernando Magán, abogado de las asociaciones de memoria histórica. Varela había requerido a Falange que prescindiera de las valoraciones y se ciñera a los hechos.

Según Magán, la expulsión de Falange no afecta al proceso contra el juez de la Audiencia Nacional, porque aún continúan admitidas las querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias y Libertad e Identidad. Leer más.

Más información.

Luego, Garzón lo recusa.

"hachazo a la democracia española".

Cayo Lara afirma que la inhabilitación de Garzón provocaría "conmoción" y una "reacción popular masiva"
Avisa al PSOE de que al no querer reformar la Ley Electoral "ha abierto la puerta a que Rajoy llegue a La Moncloa"
MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, aseguró hoy que desea que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no sea inhabilitado y "pueda continuar ejerciendo la acción que emprendió para sentar en el banquillo a los crímenes del franquismo", si bien vaticinó que en caso de que eso suceda habrá una "conmoción en la gente demócrata de este país", acompañada de una "reacción popular masiva". Leer entero.

Prisión para los políticos corruptos, ¿habrá cárceles suficientes?

El Gobierno negocia la reforma del Código Penal con la prisión perpetua revisable como principal escollo
El PSOE pone el acento en el castigo a los corruptos y la derecha en el terrorismo
ELPLURAL.COM
Los socialistas contarán este jueves con apoyos suficientes para que eche a andar la reforma del Código Penal, aunque las divergencias entre los diferentes grupos mantienen todavía alejada la posibilidad de un acuerdo que el Gobierno espera cerrar antes del verano. Mientras que el PSOE ha puesto el acento en la prisión para los políticos corruptos, el PP insiste en la cadena perpetua revisable para el terrorismo y crímenes con agresión sexual, lo que hasta ahora se presenta como el principal obstáculo para el acuerdo. ETA también está siendo el principal caballo de batalla de UPyD, que propone medidas como inhabilitar hasta doce años a los políticos que no apoyen la retirada de símbolos terroristas, así como de ERC y del PNV, que reclaman que los delitos de terrorismo prescriban. CiU pone el foco en la contundencia ante la multireincidencia, los okupas y el top manta, mientras que ICV-IU propone despenalizar la eutanasia. Leer entero.

Esta noticia tiene más alcance de lo que parece. Según sea el nuevo Código Penal y la forma de aplicarlo se castigarán de una forma u otra muchas conductas que están la base de nuestra sociedad. Corrupción, terrorismo, violencia de genero... si esto no se hace bien, no habrá leyes lo suficientemente efectivas y garantes que puedan aplicar los jueces para proteger a la sociedad y a los individuos frente a esta. Me temo que se haga como se haga , al final habrá polémica, pero esa es una prerrogativa de la Democracia.

Lo que está claro es que si metieran en la cárcel a los políticos corruptos, no quedarían vacías, me extraña que el Psoe sea el primero en pedirlo. Me recuerda cuando, hace muchos años , los maestros pegaban con la palmeta y siempre el más travieso era el que les regalaba alguna con la esperanza de no cobrar, ni que decir tiene que era ese mismo el que la estrenaba recibiendo el primer palmetazo.

A Poderes revueltos, ganancia de embaucadores.

Ya son 1.400 los jueces que piden independecia para la Justicia
Domingo , 07-03-10 ABC.es
S. E.
MADRID. Lo que empezó en un foro informático hace unos meses lleva camino de convertirse en el texto judicial con más apoyos. Casi 1.400 jueces -una cuarta parte de la carrera judicial- han firmado ya el manifiesto por la despolitización y la independencia de la Justicia. Reclaman un gran pacto de Estado para recuperar la «dignidad» del Poder Judicial, cada vez más permeable a las influencias políticas, según destacó ayer el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en rueda de prensa.
«Queremos alejar lo máximo posible al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la disputa política», señaló Viguer, que estuvo acompañado en la presentación pública del documento por un centenar de jueces y calificó al órgano de gobierno de los jueces como un «clon del parlamento» o un «parlamento en miniatura». Los firmantes reclaman un gran pacto que asuma el compromiso de restituir al Poder Judicial y a cada uno de sus titulares «la independencia y la dignidad» que la Constitución les reconoce, y que recupere la auténtica división de poderes así como la democracia en la elección de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
El pasado mes de enero comenzaron a adherise jueces al manifiesto, entre ellos los de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -quien asistió ayer al acto- y Santiago Pedraz, que comparten «la ilusión de ofrecer a los ciudadanos el sistema judicial que merecen». No está en cuestión la función jurisdiccional de los miles de magistrados españoles, sino «el sistema de los órganos de gobierno»