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LA TRAMA DE LOS ERE
La juez da diez días a 15 'intrusos' y una empresaria para que designen sus bienes con destino a embargo

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez Mercedes Alaya ha concedido a 16 de los imputados por la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, un plazo de diez días, para que "designen los bienes de su propiedad en los que se pidan que se trabe embargo" por las cuantías insatisfechas de las fianzas que previamente les fueron impuestas. Entre ellos, cuyas fianzas suman 4.797.561 euros tras haber comparecido ante la juez, figuran supuestos falsos prejubilados o 'intrusos' como el exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla) o la propia suegra del exdirector de trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

La juez Mercedes Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, así como el uso general de dichos fondos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al haber eludido las subvenciones la preceptiva fiscalización.

LA TRAMA DE LOS ERE

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo, bautizado como "fondo de reptiles" por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados.

Pues bien, como se recordará, en un auto fechado el pasado 30 de noviembre de 2011, la juez imponía a los 16 imputados que, por aquel entonces, habían prestado ya declaración ante ella, --15 'intrusos' en expedientes de regulación de empleo y la propietaria del restaurante sevillano Río Grande--, fianzas por un valor global de 4.797.561 euros. En el mismo auto, recogido por Europa Press, la juez avisaba de que ordenaría un embargo de bienes a estos imputados en el caso de que no fuesen satisfechas las fianzas estipuladas.

FIANZAS MILLONARIAS

A Carmen García Sánchez, la dueña del citado restaurante, impuso por ejemplo una fianza de 1.990.689,36 euros, imponiendo igualmente una fianza de 146.770,68 euros al exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (PSOE), y otra de 258.539,91 euros a Victorina Madrid Pisabarro, suegra del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por orden de la juez como pieza clave en la investigación a cuenta del cargo que ejerció entre 1999 y 2008.

Con relación a este auto, la juez ha emitido el pasado 12 de marzo de 2012 un nuevo auto recogido por Europa Press y en el que, de nuevo, señala a estos 15 'intrusos' y a la dueña del restaurante Río Grande para concederles "el plazo de diez días para que (..) designen los bienes de su propiedad en los que pidan que se trabe embargo, por las cantidades que a cada uno le falten por consignar (...), de tal forma que si nada se manifestara en dicho plazo, se procederá a la búsqueda integral de los bienes sobre los que trabar embargo".