Profes en pie de guerra, tres días de huelga a la semana hasta la victoria
Sam Robson
En lucha / En lluita
Las y los profesores de Madrid estamos en pie de guerra. La Comunidad de Madrid ha lanzado un ataque frontal contra la enseñanza pública en la región y han descubierto que estamos dispuestos a luchar para defender una educación de calidad, gratuita para todos y todas.
El miércoles pasado miles de personas de la comunidad educativa salieron a la calle en una concentración enérgica y ruidosa frente la Consejería de Educación. El jueves se acordó en una asamblea de sindicatos y delegados de asambleas de distintas zonas de la región, una huelga de tres días para el 20, 21, 22 de septiembre con la intención de seguir de manera indefinida si la Comunidad no se rinde.
Los recortes significan, entre muchas cosas, la pérdida de 3.000 profesores y profesoras (cuando ya se perdieron 2.000 puestos de trabajo el curso pasado), la eliminación de muchas clases de apoyo, desdobles, servicios de orientación, clases de educación compensatoria, talleres (¡de los pocos que nos quedaron!) y un aumento en el número de profesores dando asignaturas que no son su especialidad. Pero cuando se ponen en el contexto más general, se ve claramente cuál es el objetivo del Gobierno regional.
Entre 2006-2010 la comunidad gastó un 42% menos en la enseñanza pública y un 11% en la privada, dejando a Madrid como la Comunidad que menos gasta no solamente en el Estado sino en todo el continente (2,46% frente la media Europea de un 5,5% del PIB). En los últimos 10 años se han construido 292 nuevos centros públicos frente a 728 privados. Ya menos de la mitad del alumnado madrileño asiste a un centro público, mientras en la zona Capital la cifra baja a un 35% y en algunos barrios incluso menos (el de Salamanca por ejemplo, donde solo un 15% recibe sus clases en un centro público).
Sabemos también que mientras la Comunidad recorta lo público, se dejan de recaudar 90 millones de euros cada año gracias a las deducciones fiscales en la renta para quien mandan a sus hijos o hijas a un centro privado, una cantidad que se aumentó en 2010 con la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas.
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