La crisis del funcionario
¿Paganos o culpables? Como en anteriores crisis, salta la polémica sobre la congelación o incluso el recorte salarial de los trabajadores públicos. Sin embargo, el objetivo es alcanzar una Administración pública mucho más eficaz que sirva a la econo-mía y no que genere una burocracia paralizante
El tema de fondo es la necesidad de modernizar la Administración, hacerla eficaz y evitar duplicidades
Juande Portillo - 26/04/2010
Cuando la tormenta económica arrecia, los Estados suelen mirar de reojo hacia los funcionarios. El control de la plantilla y los salarios de los empleados públicos se ha revelado en ocasiones anteriores como uno de los mecanismos de ajuste más socorridos. Esta crisis no ha sido una excepción y, unos antes que otros, los gabinetes económicos de toda Europa han colocado su lupa sobre la Administración. En el caso español, el Gobierno ha tenido cuidado de que dicha lente no terminara quemando a nadie. En el griego, los drásticos recortes se han traducido en disturbios. Entre las dos posturas, las voces que reclaman la congelación salarial a José Luis Rodríguez Zapatero se multiplican. Pero, quizás, el debate que se abre no deba centrarse tanto en si los funcionarios son caros, como en la cuestión de si el modelo público actual es lo suficientemente flexible y eficiente.
España cuenta con 2.659.010 empleados públicos, repartidos entre la Administración central, las autonómicas y las locales. Sus salarios cuestan al Estado unos 120.000 millones de euros anuales. Con el objetivo de recortar el déficit galopante, situado ya en el 11,2%, el Ejecutivo ha diseñado un plan de austeridad -con el que pretende situarlo en el 3% para 2013- que reducirá un 4% los gastos de personal. Leer más.
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