Botín
Paco Puche
Rebelión
...Aún así, como decíamos tiene un enorme poder. Por ejemplo, como ha documentado con precisión Alberto Montero en su magnífico artículo [4] “ Un peligro público anda suelto”, para el consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, el moribundo gobierno socialista, en un último suspiro, ha generado un indulto para semejante personaje, que propone acabar en unos años con el Estado de Bienestar, y que en marzo de 2011 el Tribunal Supremo, aunque rebajando la pena, lo condenó a tres meses de prisión y de inhabilitación para ejercer funciones en banca, por el delito de acusación falsa. A cambio tendrá que pagar una multa de 144.000 euros. Sáenz cobra al año nueve millones de euros más otras gabelas, por lo que la multa le resultará irrisoria.
Pero nada como el siguiente asunto doméstico explica el poder inmenso del dinero y de sus poseedores. En el libro de Juan Torres [5] titulado La crisis financiera, podemos leer : “Quien tiene dinero tiene poder. Poder de satisfacción y poder de decisión. Valga un ejemplo. Según informaba la web El Confidencial el 21 de septiembre de 2006 durante los años 1988 y 1989, el Santander manejó cerca de medio billón de pesetas de dinero negro que provenía de fuentes de financiación más o menos inconfesables... El Banco entregó al fisco información falsa de 9.566 operaciones por valor de 145.120 millones de pesetas. A tal efecto, no dudó en declarar como titulares a personas fallecidas, emigrantes no residentes, ancianos desvalidos, etc.". Como consecuencia del descubrimiento de estas irregularidades la acusación solicitó para el presidente del Santander, Emilio Botín, “un total de 170 años de prisión y una multa de 7,6 billones de pesetas (46,2 millones de euros) y una responsabilidad civil de 14,1 billones de pesetas (84,9 millones de euros), que es perjuicio causado a la hacienda pública”. Pues bien, el diario El País informaba el 27 de mayo de 2008 que el ex ministro de Economía, Rodrigo Rato, para defenderse de las acusaciones de supuestos favores, presentó un escrito de la ex-secretaria de Estado de Justicia y ahora vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el 25 de abril de 1996, por la que ésta pidió que se cursaran instrucciones a la Abogacía del Estado para que no se dirigiera acción penal alguna contra la citada entidad bancaria. Gracias a lo cual su presidente ni siquiera fue juzgado por esas actuaciones”. Sin comentarios... Leer entero.
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