Una vez decretado que los crímenes franquistas no pueden calificarse así, el Supremo ya no tiene dificultades para remarcar que han prescrito.

El Supremo español apuntala la impunidad del franquismo

Ramón Sola
Gara

Aunque absuelve al exjuez Garzón de «prevaricación», remarca en su sentencia que los crímenes del franquismo no pueden ser investigados judicialmente ni condenados. Alega que no cabe la «justicia universal» en el Estado español y que un juzgado no puede saltarse la Ley de Amnistía.


Como se preveía y como planteó la Fiscalía, el Tribunal Supremo español ha evitado un gran escándalo internacional absolviendo al juez Baltasar Garzón de «prevaricación». Sin embargo, el mismo fallo da la razón a quienes le llevaron al banquillo al sentenciar, y con abundantes argumentos, que los crímenes del franquismo no pueden ser perseguidos debido entre otras cosas a las decisiones adoptadas en la llamada «transición», hacia la que se deshace en elogios.

Curiosamente, casi todas las reacciones se quedaron mirando al dedo que apuntaba a la luna; destacaron la exculpación del juez mientras obviaban la evidencia de que los tribunales españoles confirman la impunidad del franquismo. Así, asociaciones que trabajan en este terreno acusaron al Supremo de haber hecho perder tiempo en la lucha por purgar el franquismo. Sin embargo, la lectura de la sentencia resulta demoledora al respecto: el Supremo no deja opción legal alguna de perseguir penalmente aquellos crímenes y añade que, a partir de ahí, el trabajo de recuperar la verdad de los hechos correspondería en todo caso a los historiadores y no a los jueces.

La absolución de Garzón se dicta únicamente porque el Supremo no ve elementos suficientes para determinar que hubiera prevaricado, es decir, tomado decisiones injustas de modo consciente. La salomónica decisión consiste en concluir que su acción «es errónea, pero no prevaricadora». Seis de los siete jueces de la Sala suscribieron el veredicto y solo uno apostó por la condena. Leer entero.