el proyecto de ley reduce los servicios esenciales que deben prestar los municipios a cementerio, alumbrado, basuras, agua, alcantarillado, padrón, parques y bibliotecas

De reformas locales, sobres y otras sinrazones 
Luis María Salgado y Begoña Vesga
Rebelión

 En plena apoteosis del caso Bárcenas, el gobierno español saca pecho tras parir un proyecto de ley que, dice el Partido Popular, está destinado a racionalizar la administración local, reducir su dimensión y la cantidad de cargos públicos asalariados que en ellas anidan. Lo de racionalizar forzosamente ha de sonar razonable, la reducción de las administraciones, aun no compartiéndose, es comprensible en un partido más preocupado por lo privado que por lo común y el posible recorte de los salarios de los prebostes necesariamente hace salivar a una ciudadanía continuamente recortada por ese engendro llamado clase política donde no se hace distingos entre justos y pecadores.

Entiende el PP que lo racional es que la ley española diga a los ayuntamientos cuáles son sus competencias y cuáles pueden ejercer por delegación. Todo lo demás, sea cual sea el color político o la situación financiera del municipio, está vedado. Por eso las entidades locales no podrán ofertar a su ciudadanía servicios que están fuera de su órbita competencial, aun cuando cuenten con recursos para ello y las administraciones competentes, aquejadas de la fiebre del recorte, se nieguen a prestarlos. Por eso los interventores municipales, convertidos en mini delegados del gobierno español, tendrán que informar cuando entre en vigor la ley, de qué competencias se ejercen de forma impropia y los servicios en que se plasmaban deberán echar el cierre. Para incrementar el ERE sobrevenido, el proyecto del PP estrecha el catálogo de competencias de los Ayuntamientos eliminando parte de las que, hasta ahora, se les reconocía de forma expresa. Nada en medioambiente salvo basuras y jardines, nada que hacer en vivienda, cero en educación, nada en servicios sociales salvo – sólo en este último caso- si la Comunidad Autónoma delegase, el municipio aceptase y siempre bajo el estricto control de aquella. Leer entero.