El caso de los EREs cada vez más cerca de Griñán

ERE. FRAUDE EN EMPLEO
La juez de los ERE imputa a un alto cargo de Griñán por primera vez
Critica «el dispendio intencionado» en el que incurrió la Junta a través de los tres directores generales de Trabajo
MERCEDES BENÍTEZ / SEVILLA
Día 28/01/2012 - 10.05h

GOGO LOBATO
Alaya, a su llegada a los juzgados de instrucción de Sevilla

Nuevo auto de la juez Alaya en el que, por primera vez, resulta imputado un alto cargo en activo del Gobierno de Griñán. El escrito que ayer dictó la instructora del sumario de los ERE añade 21 imputaciones entre las que destacan los dos directores generales de Trabajo que sucedieron a Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez Contreras y el actual, Daniel Alberto Rivera. Así han resultado imputados los dos directores generales que han pertenecido al equipo de Griñán.

El nuevo auto de la jueza supone un punto de inflexión en la instrucción del caso porque afecta prácticamente a todos los actores implicados en el escándalo, imputando —además de los altos cargos de la Junta— a empresarios, intermediarios, responsables de las aseguradoras, dirigentes sindicales e incluso abogados.

La novedad más significativa, sin embargo, es la extensión de las responsabilidades a la gestión de Griñán. Según la magistrada, la imputación de los dos sucesores de Guerrero en la Dirección General de Trabajo se debe a que ambos ordenaron los pagos relativos a la póliza para 26 trabajadores de Surcolor pese a que sólo despidieron a 24. «Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento», dice el auto que señala el «dispendio intencionado en que habría incurrido la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos».

En este sentido, la Dirección General de Seguros informó que mientras el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones del CMAC ascendían a 1.537.162 euros, la prima de la póliza fue de 2.674.175 euros. Pero la juez también investiga al director de Trabajo Daniel Rivera por la resolución de 3 de septiembre de 2010, dictada como consecuencia de la solicitud de Encarnación Poto (otra de las imputadas) en nombre de Acyco, para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo por 109.620 euros, cantidad que coincide con la minuta de honorarios del despacho de abogados que gestionó la operación. La ayuda fue otorgada no para los trabajadores, sino para pagar esa minuta. Leer entero.