La salud deja de ser un derecho, para ser un bien de consumo que debe comprarse

Sin contar con que a partir de ahora ya no hará falta perseguir a los sin techo o sin papeles para darles una paliza, ya solo habrá que dejarlos morir cuando enfermen. Pero no tenemos que irnos tan lejos, hay cantidad de españoles que antes cotizaban y ahora no cotizan, porque llevan años sin trabajar y tienen a sus familias en riesgo sanitario además del de exclusión social evidente y sangrante. ¿A donde vamos a ir a parar? A nada bueno.

Privatizar el dolor

Corina Tulbure
Rebelión


El nuevo Real Decreto 16/2012 en referencia al Sistema Nacional de salud se emite con el anunciado objetivo de corregir un «abuso» en el uso de los servicios sanitarios y conseguir un ahorro marcado inicialmente en 500 millones de euros, y posteriormente en 240 millones, que derivaría, en parte, del hecho de negar la atención médica a las personas en situación irregular. No obstante, planean las dudas sobre el cálculo del ahorro y la realidad de las cifras anunciadas: si se trata de personas en situación irregular, es difícil contabilizar el número y sobre todo las necesidades médicas de las mismas.
Manipular las incógnitas

Restar de la totalidad de empadronados a las personas que tienen el permiso de residencia, incluidos los extranjeros comunitarios, no es un método fiable, ya que el número de personas sin domicilio fijo, con dificultades para superar las trabas administrativas y empadronarse, y de los «sin techo» se ha incrementado en los últimos años.

A esta incógnita se añade la imposibilidad de calcular el gasto económico derivado del uso de los servicios de urgencias, al cual tendrán acceso todos los extranjeros, con o sin residencia. Incluso si pensamos solo desde la lógica monetaria, permitirles únicamente el acceso a urgencias no supone un ahorro garantizado, sino un gasto que no se reflejará siempre en la mejora de la salud del usuario. ¿Qué finalidad tendrá una visita a urgencias en la que se detecte un tumor o una enfermedad como el VIH o la hepatitis C si no existe un tratamiento y seguimiento posterior? Un caso de este tipo es el de G.M., enfermo crónico que salió de un centro penitenciario donde recibía el tratamiento. Una vez fuera no ha podido acabar las dosis de inyecciones prescritas por falta de tarjeta sanitaria, por lo cual su enfermedad se convierte en un riesgo vital. A todo eso corresponde sumar los gastos que se derivarán de la falta de control de las enfermedades infecciosas, un problema de salud para toda la población, porque tener DNI español no protege del bacilo Koch. Leer entero.