Willy Meyer interpela a la Unión Europea sobre el derribo de viviendas en el Valle del Almanzora
Lunes, 18 de Enero de 2010
Viene de Izquierda Unida.
Estrasburgo, 18 de enero de 2010
El eurodiputado de Izquierda Unida se ha dirigido hoy a la Comisión Europea y al Consejo Europeo informarles sobre la situación de numerosas viviendas en el Almanzora.
Willy Meyer se ha hecho eco de la existencia de miles de inmuebles fuera de ordenación en el Valle del Almanzora debido a los abusos generalizados del sistema de ordenación urbana producidos en España en los últimos años. Recientemente varias familias residentes en Albox han recibido la notificación de demolición de sus casas.
En la pregunta dirigida a las instituciones europeas, Meyer informa de que muchos ciudadanos compraron sus viviendas en esta zona conforme a la legislación local, con las licencias requeridas y considerando que cumplían con todos los requisitos legales. No obstante, posteriormente se encontraron con que sus viviendas habían sido construidas en suelo rústico (no urbanizable) y que por lo tanto eran ilegales. Las licencias concedidas a sus viviendas fueron declaradas nulas.
Actualmente, estos ciudadanos carecen de documentación (como la cédula de habitabilidad), lo que les impide que tengan acceso al agua y a la electricidad. Al no
estar reconocida su vivienda, no pueden empadronarse, por lo que les resulta imposible inscribirse en el censo electoral.
Muchos de ellos tampoco han sido informados de la situación de sus casas. Algunas viviendas han sido derribadas y otras han recibido recientemente la orden de demolición. Se han producido casos de demoliciones anuladas a posteriori, puesto que no se había informado a los propietarios del proceso abierto.
El europarlamentario de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto la responsabilidad de todas las administraciones españolas en el desarrollo de un modelo económico devastador para el medio ambiente basado en la especulación urbanística. Por su parte, la Unión Europa ha reconocido en diversas ocasiones estos abusos, como demuestran la aprobación del Informe Libicki y Cashman (2007) o del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario (Informe Auken, 2009).
Meyer ha recordado que "el Informe Auken alerta sobre la lentitud de las resoluciones, tanto políticas como judiciales, lo que ha dado lugar a la impunidad de las administraciones", asimismo ha hecho un llamamiento a "evitar una política de hechos consumados", como en el caso del derribo de las viviendas del Valle del Almanzora.
A este respecto, Willy Meyer ha invitado a la Comisión y al Consejo a informar sobre qué medidas ha emprendido para que las autoridades españolas pongan en práctica las recomendaciones del Informe Auken y las ha instado a pronunciarse sobre si pretenden adoptar alguna medida. "La Unión Europea debe garantizar los derechos de los miles de ciudadanos implicados evitando el derribo de estas viviendas y regulando al mismo tiempo la protección del litoral de una forma que respete los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
Lunes, 18 de Enero de 2010
Viene de Izquierda Unida.
Estrasburgo, 18 de enero de 2010
El eurodiputado de Izquierda Unida se ha dirigido hoy a la Comisión Europea y al Consejo Europeo informarles sobre la situación de numerosas viviendas en el Almanzora.
Willy Meyer se ha hecho eco de la existencia de miles de inmuebles fuera de ordenación en el Valle del Almanzora debido a los abusos generalizados del sistema de ordenación urbana producidos en España en los últimos años. Recientemente varias familias residentes en Albox han recibido la notificación de demolición de sus casas.
En la pregunta dirigida a las instituciones europeas, Meyer informa de que muchos ciudadanos compraron sus viviendas en esta zona conforme a la legislación local, con las licencias requeridas y considerando que cumplían con todos los requisitos legales. No obstante, posteriormente se encontraron con que sus viviendas habían sido construidas en suelo rústico (no urbanizable) y que por lo tanto eran ilegales. Las licencias concedidas a sus viviendas fueron declaradas nulas.
Actualmente, estos ciudadanos carecen de documentación (como la cédula de habitabilidad), lo que les impide que tengan acceso al agua y a la electricidad. Al no
estar reconocida su vivienda, no pueden empadronarse, por lo que les resulta imposible inscribirse en el censo electoral.Muchos de ellos tampoco han sido informados de la situación de sus casas. Algunas viviendas han sido derribadas y otras han recibido recientemente la orden de demolición. Se han producido casos de demoliciones anuladas a posteriori, puesto que no se había informado a los propietarios del proceso abierto.
El europarlamentario de Izquierda Unida ha puesto de manifiesto la responsabilidad de todas las administraciones españolas en el desarrollo de un modelo económico devastador para el medio ambiente basado en la especulación urbanística. Por su parte, la Unión Europa ha reconocido en diversas ocasiones estos abusos, como demuestran la aprobación del Informe Libicki y Cashman (2007) o del informe sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario (Informe Auken, 2009).
Meyer ha recordado que "el Informe Auken alerta sobre la lentitud de las resoluciones, tanto políticas como judiciales, lo que ha dado lugar a la impunidad de las administraciones", asimismo ha hecho un llamamiento a "evitar una política de hechos consumados", como en el caso del derribo de las viviendas del Valle del Almanzora.
A este respecto, Willy Meyer ha invitado a la Comisión y al Consejo a informar sobre qué medidas ha emprendido para que las autoridades españolas pongan en práctica las recomendaciones del Informe Auken y las ha instado a pronunciarse sobre si pretenden adoptar alguna medida. "La Unión Europea debe garantizar los derechos de los miles de ciudadanos implicados evitando el derribo de estas viviendas y regulando al mismo tiempo la protección del litoral de una forma que respete los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
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