De ser auténticamente proporcional desde el principio de la democracia, IU y las otras izquierdas habrían tenido mucho mayor peso en la vida nacional

¿Nos representan las Cortes?

Vicenç Navarro
Público


Existe un amplio consenso en los establishments políticos y mediáticos españoles de que la democracia representativa ha estado funcionando bien en España desde 1978. De sus escritos y proclamas se deduce que perciben a las Cortes Españolas como representativas de la población española y, como tal, sus decisiones responden a la voluntad popular expresada a través del proceso electoral.
Pero hay indicadores de que esta percepción no es ampliamente compartida. Uno de ellos es la notable simpatía, reflejada en las encuestas populares, que ha despertado entre la población española el eslogan “no nos representan” utilizado por el Movimiento 15-M para definir a la clase política dominante, que según las mismas encuestas es el tercer gran problema que tiene la sociedad española. Estos indicadores parecen cuestionar su representatividad

Es importante subrayar que la crítica a la democracia española en estos casos procede, no de la derecha antidemocrática, sino de un movimiento (15-M) y de sectores bastante extensos de la población que encuentran la democracia existente en España dramáticamente limitada y muy poco representativa, exigiendo reformas para que mejore su representatividad. Y la simpatía que están despertando las propuestas razonables y populares del Movimiento 15-M (como adoptar un sistema auténticamente proporcional) refleja un malestar que, por mucho que se intente ignorar o marginar, está ahí: la democracia española es poco representativa, y ello se debe a que fue diseñada precisamente para que su representatividad fuera limitada

La Ley Electoral actual fue inicialmente diseñada por el Consejo Nacional del Movimiento (durante la dictadura), que aceptó su disolución a condición de que la nueva Ley Electoral fuera sesgada para favorecer a las fuerzas conservadoras. Un elemento clave para ello fue escoger la provincia como unidad básica del sistema electoral, con cuatro parlamentarios por provincia como base. Más tarde, estos cuatro pasaron a dos, pero aun así la ley conservó el sesgo que favoreció a las zonas tradicionalmente conservadoras, a costa de las zonas históricamente progresistas. Así, un votante en las primeras zonas tenía, y continúa teniendo, nada menos que 3,5 veces más peso para elegir un miembro de las Cortes que una persona que vive en las segundas zonas. Y el propósito de ello lo dijo muy claro José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores del primer Gobierno de la monarquía, cuando señaló que la comisión encargada de redactar las bases de la Ley Electoral “tenía un gran temor a que los trabajadores se desmandaran y dominaran la representatividad de las Cámaras. El sufragio igualitario les preocupaba y querían poner limitaciones a la igualdad numérica con trucos de toda especie”. Añadía José María de Areilza que “todo estaba preparado para que la derecha no perdiera poder” leer entero