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Hasta ahora, entre avales para tener liquidez y ayudas para fortalecer la solvencia, la inyección al sector suma 110.000 millones en cuatro años.
Hasta finales de 2011, el Estado soportó en solitario los daños que la crisis y la mala gestión causó al sector. En 2008 inició un plan de compra de activos (prestó 19.000 millones que han sido devueltos) y estableció una línea de avales para emisiones cuyo saldo vivo es de 81.000 millones. Con este dinero se han atendido las deudas pendientes, pero no se han concedido créditos. En 2009 se creó el fondo de rescate, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y prestó dinero (al 7,75% de interés) para reducir plantillas y reforzar el capital. En tres periodos distintos se ha ayudado al sector con 14.346 millones.
El Gobierno calcula que por la compra de activos ha obtenido 1.800 millones en el cobro decomisiones; unos 400 millones más por los avales y 1.100 millones por los préstamos del FROB: en total unos 3.300 millones. Entre las pérdidas, hasta ahora solo están los 400 millones de Cajasur.
En 2011 llegó la orden de reducir el déficit y cambió el discurso: “La reestructuración del sector la pagará el sector y no los contribuyentes”, afirmó Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno de Zapatero. El traspaso de la factura a la banca supuso la apertura de hostilidades. La rebelión de la banca no ha hecho más que empezar y, curiosamente, contra un Gobierno conservador. Aristóbulo de Juan, consultor y ex director general del Banco de España dice públicamente lo que muchos banqueros afirman en privado: “El sector no puede pagar la factura de la reestructuración. He ayudado a la reestructuración de sistemas financieros en 30 países. En todos, el Estado ha rescatado a las entidades con problemas. España no será una excepción”, añade.
Salgado dio un golpe de timón a finales de 2011 para evitar que la quiebra de la CAM, (5.500 millones), reventara el déficit público. Fusionó los tres Fondos de Garantía de Depósitos (FGD) de bancos, cajas y cooperativas y les pasó la factura. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha ratificado la estrategia. “Los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”, afirmó.
En la práctica, cargar la reestructuración sobre la banca supone que la pagarán los clientes bancarios, a los que se cobra las comisiones y los productos más caros. Es decir, no lo sufrirán los contribuyentes, pero sí los ciudadanos de a pie, que viene a ser parecido.
La rebelión bancaria va en serio porque la han empezado los más fuertes. En febrero se reunieron los seis más importantes (Santander, BBVA, La Caixa, Bankia, Banco Popular y Sabadell) y coincidieron en que el sector solo no puede reestructurar sin ayudas del Estado. En la reunión del Fondo de Garantía de 7 de marzo, en la que se decidió pagar 1.000 millones al BBVA por la compra de Unnim, la oposición de algunos grandes bancos y cajas constó en acta, algo inaudito hasta ahora. Las entidades calculan que el saneamiento del sector costará más de 20.000 millones y al Fondo de Garantía no le queda más de 2.300 millones. Entre las seis entidades más importantes pagan el 55% de las cuotas del FGD. Leer entero.
Además, para terminar de "arreglarlo", dan la puntilla al débil:
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