Noticias EFE Sevilla, 24 abr (EFE).-
La jueza que investiga los ERE fraudulentos dice, en su auto, que, de la declaración del exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández se deduciría que las ayudas del programa 31L, que la Junta "estaba repartiendo indiscriminadamente", no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.
La juez Mercedes Alaya, que ha decretado esta madrugada prisión provisional comunicada y sin fianza para Fernández, asegura que la "justificación fundamental" del exconsejero en su declaración ha sido que la publicidad del procedimiento utilizado para las ayudas derivaba de la ley de presupuestos y del Programa de Actuación Inversiones y Financiación (PAIF) de la Agencia IDEA, publicados en el BOJA, además de las modificaciones presupuestarias.
Junto a que este argumento podría poner de manifiesto el "conocimiento general" por parte de la Junta de la existencia del programa 31L, conocido como "fondo de reptiles", la jueza destaca que "desde luego lo que no generaba era el público conocimiento para los ciudadanos" andaluces "de las modalidades de ayuda", que por tal motivo la Junta "estaba repartiendo indiscriminadamente". Leer entero.
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